Grupos latinos luchan contra medidas restrictivas para los votantes mientras se acercan las elecciones en Estados Unidos

Este artículo, publicado originalmente en Inglés, es parte de nuestra serie “Every 30 Seconds” , producida con el apoyo de la Corporation for Public Broadcasting.

En el otoño de 2018, Alejandro Rangel-López, entonces estudiante de último año en la Dodge City High School, en Kansas, se unió con otros amigos para hacer una campaña de registro de votantes en las reuniones de padres y profesores, de modo que pudieran votar en las elecciones de mitad de período.

En ese contexto, alguien le solicitó verificar en línea el estado de su registro de votante. Rangel-López revisó el local de votación y notó que había un problema. “Lo que apareció no fue el centro cívico, que es donde la gente normalmente votaba aquí en la ciudad, sino que el centro de exposiciones, que se encuentra fuera de los límites de la ciudad”, cuenta el joven. 

Sin embargo, no era un error. El propio Secretario del Condado de Ford había modificado el único local de votación de Dodge City, que atiende a 13.000 votantes. Las autoridades locales indicaron que la medida se debió a una obra en construcción, pero a solo cuatro semanas de las elecciones de mitad de período, muchos se mostraron escépticos con respecto a la explicación ofrecida. 

Rangel-López manifestó su preocupación por el impacto de este cambio de local de votación sobre el voto latino de su ciudad. Cabe señalar que el 60% de la población de Dodge City es latina y muchos de los latinos trabajan en las plantas empacadoras de carne. 

“Esto disminuiría aún más la participación de los latinos, al localizarlos en un lugar que sería muy inconveniente y a trasmano, incluso si quisieran ir a votar”.

“Esto disminuiría aún más la participación de los latinos, al localizarlos en un lugar que sería muy inconveniente y a trasmano, si quisieran ir a votar”, precisó.

Así, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Kansas y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés) de Kansas demandaron al Secretario del Condado de Ford por cambiar el local de votación con tan poca anticipación y argumentaron que se estarían violando los derechos constitucionales y civiles de los votantes de Dodge City. Rangel-López se hizo parte de la demanda y se convirtió en el representante de los votantes latinos en Dodge City, que tenían miedo de perder sus trabajos si se manifestaban. Inicialmente, un juez federal desestimó el caso. 

Lo que sucedió en Dodge City es solo un ejemplo de las restricciones que se imponen a los votantes latinos y negros en todo el país, debido especialmente a que en este momento los estadounidenses blancos representan una parte decreciente del electorado. Y con la pandemia de COVID-19 que marca este proceso electoral, los grupos de activistas temen que la situación puede empeorar.

Se espera que aproximadamente 32 millones de latinos puedan votar en las elecciones generales de noviembre, lo que los convierte en el grupo minoritario de votantes más grande del país, de acuerdo con el Centro de Investigación Pew. Por primera vez, habrá más latinos que negros con derecho a voto. Los grupos pro derechos civiles y compromiso cívico están trabajando para garantizar que los latinos tengan, efectivamente, acceso a las elecciones. 

Los gobiernos estatales pueden evitar que las personas voten de muchas maneras diferentes, denunció Arturo Vargas, presidente del Fondo Educativo NALEO, un grupo que tiene el objetivo de fomentar el compromiso cívico de los latinos. Dos ejemplos de ello son el requisito de que los votantes tengan ciertas identificaciones con foto y el establecimiento de filtros en las listas de votantes.

“Y luego hay otros errores no intencionales que terminan por desmotivar a los votantes, como la reducción del período de votación anticipada”, añadió Vargas.

Estas tácticas se han intensificado desde 2013. Ese año, en un caso histórico de la Corte Suprema, Shelby County versus Holder, el tribunal eliminó las protecciones clave para los votantes contenidas en la Ley federal de derecho de voto de 1965: el tribunal ratificó la decisión de un tribunal inferior que indicaba que algunas de las protecciones estaban desactualizadas y determinó que los gobiernos locales y estatales ya no necesitan aprobación federal para aprobar leyes sobre votación o elecciones. Los opositores, por su parte, argumentaron que eliminar las protecciones crearía barreras para los votantes que pertenecen a grupos minoritarios en estados con antecedentes de discriminación.

De hecho, la ley original se estableció para garantizar que no se negara el derecho del voto a los votantes negros. Ahora, sin supervisión federal, los gobiernos locales pueden adoptar prácticas restrictivas de votación, advierte Vargas. Por eso, agrega, se espera que se presenten más demandas con el objetivo de anular estas prácticas antes de las elecciones de noviembre.

“En algunos estados hemos tenido éxito al intentar retirar algunas de estas políticas y prácticas restrictivas para los votantes”.

“En algunos estados hemos tenido éxito al intentar retirar algunas de estas políticas y prácticas restrictivas para los votantes”, indicó el presidente de NALEO. 

Los grupos como ACLU y LULAC lideran la lucha para garantizar que los votantes minoritarios tengan un acceso justo al proceso eleccionario. LULAC, la organización hispana más antigua en Estados Unidos, fue codemandante en el caso Dodge City en 2018 y el mes pasado presentó otra demanda, ahora contra funcionarios de Texas, en la que argumentó que las políticas del estado sobre el voto por correo violan la Constitución.

En Texas, las personas deben estar discapacitadas, servir en el ejército o tener más de 65 años para votar por correo. El argumento a favor de estos requisitos es que la votación por correo solo debe estar disponible para los votantes que físicamente no pueden llegar a las urnas, explicó Domingo García, presidente nacional de LULAC. Sin embargo, él considera que esas condiciones desincentivan a algunos votantes, incluidos aquellos que pertenecen a grupos minoritarios y los más jóvenes. Actualmente, con el coronavirus, los grupos como LULAC argumentan que hay aún más razones para permitir la votación por correo.

“No sé si la abuelita o la tía, el abuelo y el tío van a arriesgar sus vidas para esperar una hora, dos horas, tres horas para votar”, se pregunta García.

Vargas, por su parte, reconoce que los votantes latinos históricamente prefieren votar presencialmente, pero tampoco ve otra opción que ampliar el acceso a la votación por correo a medida que se acercan las elecciones generales. 

En este sentido, especifica que “si los arreglos de la votación por correo no son acompañados por campañas de educación pública muy sólidas para educar adecuadamente a los votantes latinos sobre cómo votar por correo, esto puede levantar más barreras para que las personas puedan votar, ya que es mucho menos probable que los latinos hayan tenido experiencias de voto por correo en comparación con los no latinos”.

Como antecedente, a fines de mayo, un juez de distrito de EE. UU. permitió el voto por correo a las personas que quieren evitar el riesgo de contagiarse con el coronavirus. Sin embargo, una instancia de apelación suspendió la medida días después. 

Debido a esto, García indica que le gusta centrarse en pequeñas victorias y que el siguiente estado en el que LULAC centrará sus acciones es Arizona. Finaliza su reflexión contando que es un eterno optimista, pues “sigo pensando que mañana las cosas serán mejores para José y María en Main Street, y para Billy Bob y Mary Sue en Main Street”.

“Sigo pensando que mañana las cosas serán mejores para José y María en Main Street, y para Billy Bob y Mary Sue en Main Street”.

Otra victoria se remonta al caso Dodge City. Tomó dos años, pero la ciudad ahora tiene tres locales de votación. Rangel-López, el demandante, que ahora tiene 19 años, se alegra por este resultado, pero dice que las restricciones que se imponen a los votantes en otros lugares son reales. Por eso, manifiesta estar “muy preocupado por lo que va a pasar, y debería prestarse mucha más atención a este problema de lo que se le presta actualmente”.

Este año, Rangel-López votará por primera vez en una elección presidencial. Él ha estado reflexionando sobre sus logros como estudiante de secundaria hace dos años con el caso legal sobre los locales de votación y señala que ha llegado a la conclusión de que “nunca eres demasiado joven para ser políticamente activo o para participar del cambio en tu comunidad, en tu estado o en el país”.

Esta es la lección que aprendió Rangel-López. Ahora, él quiere asegurarse de que otros jóvenes también la aprendan.

Traducción al español por Melissa Harkin y Mónica Ramírez.